Posicionamiento sobre el Sistema Nacional Anticorrupción

Nota 2 Edos Jal

Guadalajara, Jalisco

La corrupción sigue siendo uno de los grandes pendientes y lastres de nuestra agenda pública, continúa siendo el principal obstáculo que nos impide construir una democracia de calidad y dar respuesta a las exigencias de los ciudadanos. Una democracia sin calidad, es decir, sin confianza, sin instituciones sólidas, sin contrapesos y sin rendición de cuentas, es una democracia frágil e inmadura. Pero la corrupción también, como se dijo aquí, nos cuesta y muy caro; de acuerdo a un estudio de CIDAC y otras organizaciones, la corrupción le cuesta a México más de 340 mil millones de pesos anuales, incluyendo la pérdida de inversiones y de la generación de proyectos productivos.

En Movimiento Ciudadano estamos convencidos que los problemas de corrupción son producto de deficiencias institucionales que incentivan la colusión y la complicidad, que fomentan la opacidad y anulan los sistemas de sanciones y responsabilidades. No creemos como en algún momento lo dijo el Presidente de la República, que la corrupción sea un asunto “cultural” de los mexicanos. El problema es institucional, y por ello esta reforma cuenta con algunos elementos adecuados para reconstruir nuestro sistema político sobre las bases del combate a la corrupción, sin embargo, debo decir también que la reforma es insuficiente.

1) Celebramos el fortalecimiento de la Auditoría Superior de la Federación, ya que, entre otras cosas, ahora podrá investigar las faltas administrativas graves de cualquier servidor público en cualquier momento; podrá fiscalizar de manera más expedita y eficiente el uso de las participaciones por parte de las entidades federativas y los municipios, que en los últimos ejercicios fiscales han dejado mucho que desear en el caso de Jalisco. Además, la Auditoría Superior de la Federación ahora podrá dar seguimiento puntual a sus recomendaciones, observaciones y denuncias para que concluyan en actos de sanción efectivos.

2) Consideramos un acierto que se haga obligatoria la presentación de las declaraciones patrimoniales y de intereses de todos los servidores públicos de alto nivel, para que no sigan poniendo pretextos algunos políticos y algunos candidatos que, en medio de la grave crisis de credibilidad por la que atraviesa la política, lo político y  se siguen negando justamente a transparentar y a rendir cuentas sobre su patrimonio.

3) En tercer lugar, constituye un avance la reingeniería institucional que se plantea en la reforma a través del Sistema Nacional Anticorrupción y las diversas instancias garantes del mismo, como el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema. No obstante, este modelo tendrá que ponerse a prueba porque no se trata solamente de crear nuevas instancias, sino de darles herramientas institucionales y sobre todo condiciones políticas para ejercer su trabajo y ejecutar actos de autoridad.

A pesar de lo anterior, la reforma tiene diversas limitaciones que fueron señaladas por diputados federales de Movimiento Ciudadano y de otras fuerzas políticas en la Cámara de Diputados, y que lamentablemente no fueron atendidas posteriormente en el Senado.

1) La más grave, sin lugar a dudas, es que no se elimina la inmunidad del Presidente de la República, por lo que seguirá siendo inviable procesarlo por actos de corrupción. Es decir, este nuevo Sistema Nacional Anticorrupción podrá tocar todos los órdenes de gobierno, pero no al Presidente.

2) En segundo lugar, se deja intacta la figura del fuero; no hubo una revisión ni un debate sobre sus alcances y características. No se trata de eliminarlo y dejar la puerta abierta a la persecución política de quienes ostenten el poder, pero nosotros sí estamos convencidos que se debe revisar la figura para darle su justa dimensión y que no sea, como lo que es ahora, un pasaporte a la impunidad. El fuero debe ser entendido exclusivamente como una herramienta para evitar la persecución selectiva de quienes toman decisiones institucionales, y no como un boleto para cometer actos de corrupción.

3) Una de más de las limitaciones de la reforma es la ausencia de mecanismos de participación ciudadana para combatir la corrupción. En México seguimos olvidando que la participación ciudadana debe fungir como un instrumento de rendición de cuentas vertical, que genere contrapesos, diálogo y transparencia. Es cierto que se crea el Comité de Participación Ciudadana dentro del Sistema, pero quedaron ausentes otros instrumentos de vigilancia, monitoreo y evaluación ciudadana.

Movimiento Ciudadano emitió el voto a favor de esta reforma constitucional en este Congreso porque, aunque no se solventaron estas observaciones y cuestionamientos al interior de la Cámara de Senadores, existen aspectos positivos en esta reforma que ya han sido comentados y que esperamos generen resultados para mejorar nuestra democracia.

Finalmente, ahora que se ha coincidido en que el problema de la corrupción es institucional, resulta fundamental entender que la otra cara del problema es justamente la impunidad. Un estudio reciente de la Universidad de las Américas de Puebla revela que México ocupa el segundo lugar mundial en el Índice Global de Impunidad, y todos los días somos testigos de denuncias y sospechas en materia de corrupción que no derivan en ninguna consecuencia jurídica, que quedan en la impunidad y en la desmemoria.

Necesitamos instrumentos institucionales para perseguir y castigar la corrupción, pero principalmente necesitamos condiciones para acabar con la impunidad. Por ejemplo, ya es ilegal y constituye un acto de corrupción incitar a violar la ley electoral desde lo más alto del Poder Judicial; es corrupción utilizar esa posición para presuntamente cooptar a las autoridades electorales; es corrupción contaminar una investidura institucional con fines electorales. El problema entonces no sólo es de reformas a la ley, sino de impunidad. Como en todos estos presuntos actos de corrupción, se debe procesar institucionalmente hasta sus últimas consecuencias para deslindar responsabilidades y no dejar lugar a la impunidad.   

Esperamos, desde Movimiento Ciudadano, que esta reforma constitucional derive en una legislación secundaria consistente y satisfactoria que nos dé las herramientas institucionales adecuadas para combatir la corrupción, pero nuestro sistema político tendrá que hacer un esfuerzo adicional para acabar con la impunidad, para que la correcta impartición de justicia sea la regla general, y no la excepción, para que se investigue y se sancione a quienes cometan ilegalidades sin importar su origen partidista o su posición política.

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